OpenAI presenta su Community Compact para centros de datos de IA
OpenAI publica un National Community Compact y una guía de políticas para sus compute campus: pagará toda la electricidad y no exigirá NDA a los funcionarios.

OpenAI presentó el 5 de noviembre (hora de EE. UU.) nuevos criterios para desarrollar sus centros de datos de IA, que la compañía llama «compute campus», junto con las comunidades locales. El paquete incluye el «National Community Compact», con sus compromisos hacia los vecinos, y el «Compute Campus Policy Blueprint», con propuestas de política pública. Cada sitio que OpenAI posea y opere tendrá su propio Compact, elaborado a partir de la opinión local.
Un contexto de rechazo creciente
La oposición a los centros de datos crece en Estados Unidos. Según el grupo de investigación Data Center Watch, la resistencia local bloqueó o retrasó al menos 75 proyectos, por unos 130.000 millones de dólares, en el primer trimestre, tanto como todo 2025. El segundo trimestre sumó al menos 45 proyectos, por unos 68.000 millones.
En el Blueprint, OpenAI admite que los estadounidenses quieren saber cómo les afectan estos proyectos en la factura eléctrica, el agua, las carreteras y la calidad de vida, y que es razonable dudar de que las grandes inversiones de Silicon Valley beneficien a la zona.
Los compromisos
El Compact establece que no pedirá acuerdos de confidencialidad (NDA) a los cargos públicos para conversar o negociar; la reserva se limitará a información de seguridad legítima, secretos comerciales y datos competitivos. La empresa dice que en julio anuló un NDA en su sitio previsto en el condado de Effingham, Georgia. Cada sitio publicará un plan sobre tráfico, ruido e iluminación durante la obra, y una web mostrará ruido, uso de agua y electricidad, sostenibilidad, empleo e impuestos. Habrá estudios independientes de ruido antes de operar y cada año después.
En energía, OpenAI asumirá el coste total de la electricidad y la infraestructura que necesite, firmará el «Ratepayer Protection Pledge» nacional y dará garantías financieras antes de grandes gastos, para que otros usuarios no paguen si el proyecto se retrasa, se reduce o se cancela. También actuará como «Grid Protector», reduciendo su demanda cuando la red esté tensionada. En Georgia pactó con Georgia Power cubrir todos los costes de infraestructura y se comprometió a hasta 1.000 MW de respuesta de la demanda. En agua, priorizará la refrigeración de circuito cerrado o de bajo consumo.
El Blueprint pide a autoridades federales, estatales y locales fijar protecciones básicas para cualquier empresa, como que las comisiones estatales de servicios públicos hagan pagar la conexión a la red a los grandes consumidores y que los incentivos fiscales sean públicos y recuperables si se incumplen las promesas.
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