HSI ha enviado 185.000 citaciones administrativas desde enero de 2025

El dato salió a la luz en una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) que la Electronic Frontier Foundation (EFF) presentó contra el Departamento de Seguridad Nacional. La organización preguntó cuántas citaciones se enviaron a empresas tecnológicas, plataformas y proveedores de servicios desde el 20 de enero de 2025. No está claro si las 185.000 se refieren solo a ese tipo de empresas o a un conjunto mucho mayor. Aaron Mackey, director jurídico adjunto de la EFF, espera obtener más detalles.

Una herramienta controvertida

A diferencia de las citaciones de un gran jurado o de las órdenes judiciales, el Gobierno no tiene que explicar a los tribunales por qué necesita los documentos ni qué datos pide. Desde enero de 2025, el Ejecutivo federal ha usado esta facultad para intentar identificar a críticos anónimos en internet y obtener registros de clientes sobre manifestantes, como una lista de personas del área de Minneapolis-St. Paul que compraron en REI un gorro verde concreto.

El Congreso concedió esta potestad al Servicio de Aduanas hace casi un siglo para revisar registros de importaciones y aranceles; en 2003 pasó al Departamento de Seguridad Nacional. En 2017, el inspector general del departamento reprendió a la CBP por intentar desenmascarar a un usuario anónimo de Twitter, recordando que su propio manual limitaba estas citaciones a asuntos aduaneros o migratorios. Ahora la administración argumenta ante los tribunales que puede usarla para su «amplio portafolio de investigación», incluidas leyes «más allá de la aplicación tradicional en aduanas e inmigración».

Reacciones y próximos pasos

ICE no respondió a las preguntas sobre el aumento. Mackey sostiene que casi no hay riesgo: si una empresa se niega, ICE puede acudir a los tribunales, como hizo con Google, o retirar la citación y recurrir a una de gran jurado.

El senador Ron Wyden, de Oregón, habló de «un programa de vigilancia masiva interna» y pidió al Congreso aprobar su proyecto bipartidista, la Subpoena Abuse Prevention Act. Prevé usar el año próximo la presidencia del Comité de Finanzas del Senado para investigar el uso de la ley aduanera por parte de HSI.