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Startups·2 min de lectura

Razorpay: tribunal rechaza anular el caso SFIO de sus fundadores

El Tribunal Superior de Karnataka deja en pie el caso del SFIO contra los cofundadores de Razorpay, días después de que SEBI aprobara su salida a bolsa.

Razorpay cofounders Harshil Mathur and Shashank Kumar, whose plea to quash an SFIO case was rejected by the Karnataka High Court.
Imagen: Inc42 Media

El Tribunal Superior de Karnataka ha rechazado anular el caso del SFIO contra los cofundadores de Razorpay, Harshil Mathur y Shashank Kumar. El momento es incómodo: pocos días antes, el regulador bursátil indio SEBI había dado su visto bueno final a la salida a bolsa de la fintech, de unos 5.000 a 6.000 crores de rupias.

En una resolución del 4 de noviembre, el juez M Nagaprasanna sostuvo que las acusaciones plantean cuestiones de hecho discutidas, que solo pueden resolverse en juicio. Como el asunto está en una fase inicial, no vio motivo para intervenir. La petición fue desestimada y el proceso contra ambos directivos sigue adelante.

¿De qué acusa el SFIO a los fundadores de Razorpay?

La Serious Fraud Investigation Office (SFIO) investiga una red de 33 empresas creadas, según afirma, con directores testaferros por Jilian Consultants India, filial de Fininty. Una de ellas, Mad Elephant Network Technology (MENTPL), habría operado un negocio de préstamos digitales ilegal a través de la financiera X10 Financial Services, con métodos de cobro abusivos y coercitivos. La agencia cifra sus ganancias indebidas en 56,63 crores de rupias.

Razorpay habría actuado como intermediario de pagos. El Additional Solicitor General, que representó al SFIO, dijo al tribunal que por la plataforma pasaron unos 320 crores en transacciones de MENTPL. Mathur, director a tiempo completo, y Kumar, director gerente, son acusados de fallos en la incorporación de comercios, la verificación KYC y el seguimiento, y de falta de diligencia según la sección 166 de la Ley de Sociedades de 2013.

¿Qué argumentaron los cofundadores?

Sostuvieron que el SFIO se excedió, pues Razorpay no figuraba entre las 33 empresas de la orden de investigación de 2022. Alegaron que los agregadores de pagos no tienen obligación legal de hacer un KYC completo, que correspondería a los bancos, y que la mera negligencia no es delito. También invocaron prescripción, falta de dolo y de vínculo directo con MENTPL.

El tribunal citó la sección 212(14), que permite procesar a cualquier persona vinculada directa o indirectamente con los asuntos de una empresa investigada. Añadió que el papel de Razorpay podría aclararse durante el proceso, aunque hoy la empresa no figura como acusada.

Qué significa para la salida a bolsa

Razorpay presentó su documentación confidencial a comienzos de año y, según se informa, busca cotizar entre enero y marzo de 2027, con una valoración de unos 5.000 millones de dólares. La operación combinaría acciones nuevas y venta de participaciones existentes. Los detalles llegarán con el borrador actualizado del folleto.

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