Orden secreta a Apple: tribunal británico obliga al Gobierno a confirmarla
Un tribunal británico ordena al Gobierno confirmar su orden secreta para que Apple dé acceso a datos cifrados. Liberty dice que es la primera vez.

El Gobierno del Reino Unido tiene que confirmar que envió a Apple una orden secreta para acceder a datos cifrados de sus clientes. Quería tratarla como secreto de Estado. Un tribunal lo ha rechazado.
La decisión, dictada el jueves por el Investigatory Powers Tribunal, un tribunal independiente donde los ciudadanos pueden impugnar órdenes de vigilancia, desestima el argumento del Ministerio del Interior (Home Office) de que confirmarla dañaría la seguridad nacional. Es un revés poco habitual para el Gobierno.
¿Qué es la orden británica contra Apple?
Se trata de una «technical capabilities notice», un tipo de orden emitida bajo estrictas normas de confidencialidad. Hace un año se filtraron detalles: según los informes, Londres exigió a Apple una puerta trasera que diera a las autoridades acceso a datos de clientes en todo el mundo. Funcionarios de la Casa Blanca y legisladores estadounidenses criticaron la medida y advirtieron de que ponía en riesgo la privacidad de los estadounidenses.
Apple se negó. En lugar de cumplir, bloqueó a los usuarios británicos la activación de Advanced Data Protection, la función que cifra los datos de iCloud de modo que ni Apple pueda leerlos. Más tarde la orden se limitó a los datos de ciudadanos británicos en la nube cifrada de Apple, y la empresa también recurrió esa segunda orden.
Hasta ahora, Apple tenía prohibido por ley hablar de la orden, incluso tras las filtraciones. La compañía ha dicho antes que «nunca ha creado una puerta trasera ni una llave maestra» para sus productos o servicios y que «nunca lo hará». No respondió sobre el fallo. El Home Office, que aún no confirma que exista una notificación, tampoco.
¿Qué pasa ahora?
La organización Liberty International presentó el caso en nombre de dos personas. Asegura que es la primera vez conocida que se obliga al Gobierno a confirmar la existencia de una orden técnica secreta.
El contenido de la orden sigue sin ser público. Una audiencia final, prevista para el año próximo, decidirá qué detalles pueden publicarse.
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