Un encapuchado quema un radar en la A-92 de Sevilla: lo que se sabe
Un encapuchado se subió a un panel sobre la A-92, en un acceso a Sevilla, prendió fuego a un radar y huyó. El vídeo es uno de tres y la Guardia Civil investiga.

Un encapuchado se sube a la estructura de un panel informativo sobre los carriles de la A-92, uno de los accesos a Sevilla, le prende fuego, corre por la pasarela y baja por una escalera lateral. El vídeo del radar quemado en la A-92 de Sevilla se ha hecho viral y ha arrastrado a otros.
Lo publicó el perfil de Instagram @lasevillaenfurecida. Según la prensa local, el radar está en la entrada a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra, a la altura del Centro Zoosanitario municipal. Las versiones difieren en un punto: unas dicen que el material ardiendo cae sobre el firme, otras que las llamas alcanzan la zona bajo el dispositivo, junto a la calzada. No hubo avisos ni consta ningún accidente.
Es parte de una serie de tres vídeos. En la SE-30, frente al mural del grupo SFDK, varios individuos cortan el poste de un radar con una herramienta enorme, lo cargan en un coche y lo queman. En Alcalá de Guadaíra, otro radar se ata a un vehículo que lo arranca de cuajo, al estilo Mad Max. El de la Ronda Urbana Norte ocurrió a principios de mayo de 2026, aunque el vídeo se difunde ahora. Era uno de los cinco radares fijos que el Ayuntamiento instaló el otoño pasado en vías de 50 km/h. Se llevaron la caja y el cableado, y el equipo apareció quemado en un descampado junto al aeropuerto de San Pablo.
¿Qué se sabe de la investigación?
La unidad de investigación del Sector de Tráfico de Andalucía de la Guardia Civil (UNIS) ha abierto diligencias. No se ha comunicado cuántos radares están dañados ni quiénes son los implicados, y se desconocen las fechas exactas de los ataques de la A-92 y de Alcalá. La cuenta atribuye las acciones a un «justiciero» y dice que actúan contra radares que considera recaudatorios. No hay confirmación policial de su vínculo con otros vídeos.
¿Qué dice la ley?
La DGT lo consideró en 2025 un delito de daños, artículos 263 a 267 del Código Penal. El tipo agravado, cuando el daño busca impedir el ejercicio de la autoridad, prevé cárcel de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Además, los autores responden por el coste del aparato, unos 67.000 euros por radar fijo según la DGT.
Los radares de la DGT recaudaron 246,8 millones en 2025, un 14% más, según Automovilistas Europeos Asociados. La DGT replica que la velocidad está detrás del 30% de los accidentes mortales. El Ayuntamiento prevé más radares en la Ronda Urbana Norte y la avenida de la Palmera, dentro de un plan contra el ruido de unos diez millones de euros hasta 2029.
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